Hace un par de años el concepto de ingreso básico universal ha estado rondando la opinión pública como una política pública brillante, dado su carácter de transmisión inmediata de riqueza a las clases pobres, en donde entrega completa libertad de cómo gastar los recursos transferidos. Algunos incluso validan el concepto desde casos excepcionales en la historia, como el de la autora norteamericana Harper Lee que recibió ayuda económica para dedicarse de lleno a escribir su libro “Cómo matar a un ruiseñor” un completo éxito de la década de los 60. Esto da como puntapié una liberación de las clases pobres, tal como lo describe el historiador Rutgen Bregman en su charla TED “UBI es el capital de riesgo para los pobres”.
Ahora el concepto pierde el sentido dado que trata de cumplir dos objetivos que no son necesariamente lo mismo, primero quiere ayudar a las familias más pobres con una transferencia directa de dinero desde el estado, de lo cual se infiere que la burocracia estatal es ineficiente para suplir las necesidades básicas de estas personas, por lo que es mejor entregar directamente el dinero, pero el ingreso no es focalizado en los pobres sino que es universal, reduciendo el monto hipotético a entregar, siendo el impacto final muy reducido (sobre presupuestos manejables). El segundo problema a solucionar es amortiguar la transición de trabajadores que serán desplazados por la automatización en fábricas y los automóviles autónomos.
Los dos problemas tratan dos problemáticas económicas complejas que no van a ser solucionadas con transferencias directas de dinero. Al igual que otras transferencias de dinero directas, como el bono marzo en Chile, los ingresos pasan a ser parte del caudillo electoral como un cohecho indirecto a los representantes que otorgaron ese beneficio, y aún peor pasa a ser un ingreso permanente en la concepción del individuo que lo recibe. Bajo un cálculo rápido a Chile le cuesta 107 millones de dólares la entrega del bono marzo a 1.600.000 familias, el equivalente a menos de un quinto del presupuesto del Conycit.
¿Cuál es el beneficio neto de una transferencia directa – dejando de lado ganar poder político? Desde una mirada pragmática la respuesta sería ninguna, los estudios sobre UBI en el mundo no han dado respuestas concluyentes dado que no han sido sustitutos a los sueldos de las personas sino más bien ayudas secundarias, como es el caso de la India en donde el pago mensual correspondía a 300 rupias, el pago mínimo diario de un trabajador. Por lo que claramente ayudaba, pero  no sustituye la actividad económica del trabajador.
Desde la hipótesis que el UBI si fuera un reemplazo del sueldo mínimo, por ejemplo, sería algo imposible de pagar por parte del estado. Bajo el supuesto que el estado chileno pagara a los 8 millones de trabajadores ocupados un sueldo mínimo de 200 mil pesos, esto sería cercano a los 29 mil millones dólares al año, equivalente a la mitad del presupuesto de gobierno al año.
En conclusión, el UBI no tiene un objetivo claro hacia que problema intenta solucionar, no es práctico en torno a números que hagan sentido y que un estado sea capaz manejar siendo extremadamente caro y por último establece una permanencia en el tiempo difícil de eliminar para balancear déficit del presupuesto, en donde los políticos lo pensarían dos veces antes de quitar un programa de esta envergadura para no poder votos.